Las normativas ESG están redefiniendo los modelos de cadena de suministro, aprovisionamiento y posventa, con un impacto directo en los procesos productivos y en la forma en que las empresas colaboran con sus proveedores y los evalúan. Asimismo, estas normativas influyen de manera significativa en la comunicación con los consumidores, cada vez más orientada hacia la transparencia y la medición del impacto ambiental.
En un contexto en el que algunas normativas ya han entrado en vigor y otras se encuentran pendientes de aprobación a nivel europeo, las empresas están adoptando estrategias proactivas para adaptarse a los cambios en curso y a las nuevas exigencias del mercado.
La reciente aprobación de la Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) obliga a las empresas a gestionar los riesgos relacionados con los derechos humanos y el impacto ambiental, tanto en sus actividades directas como a lo largo de toda la cadena de suministro. Esta ampliación de la responsabilidad exige una visibilidad completa de la cadena de suministro, un aspecto que en muchos casos sigue siendo limitado.
Todo ello tiene importantes repercusiones en la red logístico-productiva, en la estructura de la cadena de suministro y en los procesos de selección, evaluación y cualificación de proveedores. En el ámbito de la producción, resulta imprescindible establecer un vínculo directo entre los lotes de materias primas, los productos semielaborados y los productos terminados, garantizando la trazabilidad y la transparencia. Esto implica conocer dónde y cuándo se ha realizado cada fase de producción, el origen de las materias primas, la huella de carbono y las certificaciones asociadas a cada producto final.
La normativa también persigue ampliar el ciclo de vida de los productos y gestionar los residuos de forma sostenible, promoviendo un modelo basado en la economía circular.
Informes de sostenibilidad: marco normativo
La elaboración de informes de sostenibilidad consiste en el proceso mediante el cual las organizaciones comunican su desempeño ambiental, social y económico. Este proceso va más allá de la información financiera tradicional, ya que ofrece una visión más completa de la actividad empresarial y de su impacto en el entorno.
Su objetivo es proporcionar a las partes interesadas información sobre las políticas y prácticas de la empresa en materia de gestión de los recursos ambientales, responsabilidad social y gobierno corporativo.
El marco normativo europeo ha experimentado una importante evolución en los últimos años, comenzando con la Directiva 2014/95/UE, conocida como la Directiva sobre Información No Financiera (NFRD). Esta norma obligaba a las grandes entidades de interés público con más de 500 empleados a divulgar información relativa a cuestiones ambientales, sociales, derechos humanos, lucha contra la corrupción y prevención del blanqueo de capitales.
Más recientemente, la Unión Europea ha aprobado la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), que amplía y refuerza los requisitos establecidos por la Directiva 2014/95/UE.
La CSRD, cuya aplicación será progresiva a partir de 2024, amplía las obligaciones de información a todas las grandes empresas, independientemente de que coticen o no en bolsa, e introducirá también estas obligaciones para las empresas de tamaño mediano.
El objetivo de esta nueva Directiva es garantizar que las empresas proporcionen información más detallada sobre cómo sus actividades afectan al medio ambiente y a la sociedad, y sobre cómo estos factores influyen, a su vez, en la actividad empresarial.
Obligaciones y calendario de aplicación
La aplicación de las obligaciones de información establecidas por la CSRD se implantará de forma progresiva según el siguiente calendario:
- A partir del 1 de enero de 2024: para las grandes empresas ya sujetas a la Directiva sobre Información No Financiera (NFRD). La obligación se aplica a los informes correspondientes al ejercicio 2024, que deberán publicarse en 2025.
- A partir del 1 de enero de 2025: para las grandes empresas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: 250 empleados, 50 millones de euros de facturación o 25 millones de euros en activos totales. La obligación se aplicará a los informes correspondientes al ejercicio 2025, que deberán publicarse en 2026.
- A partir del 1 de enero de 2026: para las pymes cotizadas, las pequeñas entidades de crédito y las entidades aseguradoras y reaseguradoras cautivas. La obligación se aplicará a los informes correspondientes al ejercicio 2026, que deberán publicarse en 2027.
Las empresas sujetas a estas obligaciones de información deberán incluir datos relativos a la cadena de valor. Este enfoque tiene como objetivo ofrecer una visión integral del impacto ambiental y social de las actividades empresariales.
El futuro de la cadena de suministro
El principal desafío para las empresas será recopilar y gestionar el gran volumen de datos necesario para garantizar la trazabilidad, la transparencia de la cadena de suministro, la sostenibilidad y el Pasaporte Digital de Producto (Digital Product Passport – DPP), una especie de «gemelo digital» que acompañará al producto durante todo su ciclo de vida.
Las empresas deberán adoptar un enfoque proactivo, invirtiendo en tecnologías digitales y colaborando con todo el ecosistema para garantizar una cadena de suministro transparente y responsable.
La implantación de la Trazabilidad y del Pasaporte Digital de Producto (DPP) va mucho más allá del simple cumplimiento normativo. Representa una oportunidad estratégica que permite reducir los riesgos empresariales, proteger el valor de la marca, generar nuevas fuentes de ingresos vinculadas a los servicios posventa y al mercado de segunda mano, y desarrollar una comunicación más personalizada y orientada al cliente.
Asimismo, las empresas que adopten prácticas sostenibles podrán obtener una ventaja competitiva, atraer a consumidores cada vez más concienciados con el medio ambiente y generar valor a largo plazo para todas las partes interesadas.
La cadena de valor
La incorporación de datos relativos a la cadena de valor representa un reto para muchas empresas, ya que exige una mayor transparencia y colaboración por parte de proveedores y socios comerciales.
Las soluciones de ESG y trazabilidad de TESISQUARE permiten descubrir y mapear la cadena de suministro, recopilar de forma estructurada y digital la información de sostenibilidad y trazabilidad procedente de proveedores de nivel n-tier, tanto durante las fases de cualificación de proveedores y productos como durante la ejecución de las entregas de materias primas y productos terminados.
Estas soluciones también incluyen el cálculo directo de las emisiones de CO₂ equivalente asociadas al transporte, la gestión integrada en una única plataforma de todos los datos de trazabilidad y sostenibilidad recopilados desde distintas fuentes, la evaluación y puntuación de proveedores mediante cuestionarios ESG certificados, la agregación de datos para el cálculo de la PEF (Product Environmental Footprint) y la PCF (Product Carbon Footprint), la gestión de medidas antifalsificación y la integración con tecnologías IoT, RFID y Blockchain.
